Apelamos el acuerdo entre el Presidente y el juez del #Olivosgate

“Usar la reparación integral en un caso como este, implica reescribir al derecho penal y entender que la corrupción presidencial tiene precio para quedar impune”, dijeron desde la ONG

La Fundación Apolo presentó esta mañana una apelación al acuerdo realizado entre el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el presidente Alberto Fernández y su concubina, Fabiola Yáñez, por el cual proponen pagar una suma de dinero para cerrar la causa conocida como “Olivosgate”. La presentación, además, incluye dos nuevos pedidos de querella de interesados a sumarse en la acción legal; patrocinados por Francisco Oneto, quien oficia como asesor externo de la institución; y por Juan Pablo Pane, del Equipo de Activismo Legal de la fundación.

Oneto sostuvo que “No hay perjuicio que reparar, porque ese delito no exige perjuicio para configurarse. El perjuicio es el incumplimiento de la norma por quien la dictó y eso sólo se paga con justicia”.

Por su parte, el Presidente de la fundación, Antonio Fratamico, señaló que “haremos todo lo posible para que Alberto Fernández no se salga con la suya. Si la justicia continúa avalando que se pueda escapar de un delito pagando una multa, que es irrisoria en comparación a todo el daño que le causó al pueblo argentino, demostrará que en Argentina hay ciudadanos de primera y de segunda. Y que no todos somos iguales ante la ley: algunos fueron apresados por salir a trabajar o pasear a su mascota, y el Presidente se salva con una coima oficial”.

“El fundamento que hace el juez sobre el caso es una aberración jurídica, es insultante, porque dice que Alberto Fernández en ese momento no estaba en ejercicio de funciones, pero la fiesta se hizo en la Quinta de Olivos. Como cabeza del poder ejecutivo nacional, era responsable máximo de la administración pública nacional, y de hacer cumplir las normas por él mismo sancionadas: le corresponde además la sanción del artículo 248 del código penal, que es incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad”, concluyó Yamil Santoro, uno de los apoderados de la institución.

Además de estas nuevas presentaciones, la Fundación ya se había presentado como querellante, al entender que “vulnera el Decreto 41/99 -que establece el Código de Ética de la Función Pública- que el Presidente haya frenado con dinero un juicio de las características que tuvo este, donde se debió haber investigado la conducta de un funcionario que es el primer magistrado de la Nación, y a quien se acusaba de haber vulnerado normas de emergencia por él mismo dictadas, supuestamente para evitar la propagación de una epidemia”.