Ciudades digitales, y ciudadanos inteligentes (O cómo hacer que las ciudades sean más humanas)

Ciudades digitales, y ciudadanos inteligentes (O cómo hacer que las ciudades sean más humanas)

Contexto

Este ensayo condensa el argumento principal de mi exposición en la masterclass de la Diplomatura en Smart Cities, dictada en la Universidad Austral a principios de este mes. Se me solicitó analizar el fenómeno citado y pensar de qué forma es posible comunicar eficientemente innovaciones vinculadas con la temática.

Para ver la charla completa, click aquí.

Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) de este tiempo -vinculadas con la IA, el Big Data, blockchain y demás- son las principales herramientas con que se piensan y diseñan las Smart cities y sus citizens. De ellos se espera mayor participación en la cosa pública, con mejores instrumentos y mecanismos con los que se promueve una mayor calidad de vida en las ciudades.

Los avances referidos, en términos de artefactos, incluyen: dispositivos inteligentes, inteligencia humana aumentada y distribuida (estilo cobots, chatbots y otros) almacenamiento, tratamiento y circulación de grandes volúmenes de datos en la nube (y, por tanto, diversos tipos de arquitectura de software), multiplicidad de soportes y clases de discurso (comunicación multiforme, híbrida, etc) y toda la infraestructura -hardware- necesaria para sostener esta capa simbólica de la sociedad.

Desde el punto de vista político, o de la administración y gestión de las sociedades desarrolladas de este siglo, el fenómeno de las Smart cities con sus ciudadanos digitales supone, además, un cambio profundo en la manera de abordar lo público, empezando por la legislación sobre la que se asienta el entramado descrito. Y siguiendo por la forma en que las autoridades tratan la información, la exponen a sus representados, y toman las decisiones.

En este contexto, para que pueda conjugarse lo anterior, las ciudades inteligentes deben sostenerse en decisiones inteligentes (hoy, por lo general, esto se asocia con las data driven policies. Tal como lo definió Pablo Mlynkiewicz, ex Director Gral. De Ciencias de la Información CABA, decisiones basadas en evidencia (evidencia a la que se accede por medio del análisis de datos que recaba el Estado por sí mismo o por medio de convenios con privados) tomadas en forma transparente y de frente a los ciudadanos inteligentes, lo que permite inferir que son ellos quienes, con más y mejor información y canales de participación, expresan sus pareceres.

Incluso, es deseable esta participación activa de la ciudadanía, dada la existencia de canales directos de comunicación con los representantes, y la posibilidad de focalizar las soluciones según la realidad de cada comuna, distrito o barrio de una ciudad.

Mara Balestrini (Co founder Ideas For Change, hoy en la Secretaría de Digitalización e IA española) afirmaba, en nota reciente, que es preferible una ciudad vivible a una inteligente. Y que las tecnologías ciudadanas pueden resultar útiles y humanizantes, incluso en

ciudades muy pobres como Nairobi, en Kenia. Allí se desarrolló un proyecto que inspiró a Mara, cuyo objetivo suena simple: que una de las villas de la ciudad, Kibera, apareciera en el mapa. Lo llamaron Map Kibera. Implicó que los vecinos se involucraran y usaran las tecnologías como Google Maps o Wikipedia para geolocalizar su barrio.

Lo que se buscaba era darle visibilidad al conglomerado, para luego poder solucionar sus problemas, porque “lo que no existe -o no se puede medir- no se puede gestionar”. Gracias a estar en el mapa, los vecinos de Kibera pudieron utilizar el correo postal. Luego estuvieron en condiciones de reclamar servicios esenciales como el agua potable.

Ahora bien. ¿Cómo deberíamos comunicar proyectos como el citado, y la necesidad de invertir en TICs para promover las Smart Cities con sus ciudadanías digitales?

Lo primero es comprender que, en las ciudades 4.0, el sector público y el privado, más las ONGs y los científicos, interactúan constantemente. Las decisiones surgen de una dinámica de intercambio que las tecnologías posibilitan. Así, por ejemplo, Juan Manuel Haddad, gerente de Regulación y Competencias de Telefónica Argentina, sostiene, sobre la base de datos estadísticos, que “hoy los usuarios de diversas empresas de telecomunicación, a pesar de ser clientes, desconfían de la transparencia con que tratamos su información personal”.

Por otro lado, y paralelamente, Telefónica provee al Estado porteño de su servicio Smart Mobility, que -usando Big Data- ofrece datos agregados acerca de la circulación urbana, lo que permitió al GCBA crear el Mapa de Oportunidades Comerciales (MOC): algo así como un estudio de mercado on line gratuito para todo aquel que quiera abrir un comercio en la ciudad. Informa qué cantidad de vecinos camina por cierta esquina, a qué hora, cuándo hay pico de tránsito, y cuántos comercios del mismo rubro hubo allí, anteriormente.

Si se analiza este fenómeno, queda claro que tanto Telefónica como el Estado porteño están siendo escrutados por la mirada de los ciudadanos. La credibilidad de la empresa se traslada, tarde o temprano, al gobierno, en la medida en que utiliza los servicios del prestador. Por ende, ambos se encuentran ante el desafío de explicar a los ciudadanos de la Capital Federal cómo es que son almacenados y administrados los datos que surgen de su circulación.

¿Están debidamente anonimizados? ¿Su almacenamiento es ciberseguro? ¿Qué normas protegen la privacidad de los porteños frente al tratamiento automatizado de datos personales? Estas y otras muchas preguntas deben ser respondidas a la población con claridad, para lo cual los expertos que se dedican a la ciencia aplicada en tecnología, y las ONGs que defienden derechos de usuarios, deben poder indagar todo lo que haga falta.

De hecho, las tecnologías disruptivas de esta Cuarta Revolución Industrial admiten algunas características que son deseables a la hora de ejecutar políticas públicas: explicabilidad, trazabilidad, transparencia, auditabilidad, sustentabilidad, entre otras. Y esas cualidades están ligadas con el estilo de gobierno concordante, que debería ser de datos abiertos, electrónico o digital, y cuyas decisiones estén basadas en evidencia.

Pero para que la ciudadanía pueda involucrarse en procesos decisorios, o cooperar en la resolución de problemas mediante el uso de TICs, debe, inicialmente, estar educada en la materia.

Andrea Barbiero, fundadora de Co_Salud y Salus-Coop afirma que sin educación digital los ciudadanos no pueden transformar digitalmente sus ciudades y sus vidas. La ciencia ciudadana, como emergente de un movimiento que se expresa muy bien en Barcelona, implica que cada persona se involucre en la resolución de problemas de su ciudad, de forma que, en algunos casos, las alternativas surgen bottom – up, “sin esperar que los políticos hagan algo por nosotros”.

Así surge un humanismo tecnológico que pretende, de una buena vez, colocar a la tecnología al servicio del Ser Humano, y no a la inversa. Esta corriente se afirma en una mirada crítica del uso de las tecnologías, poniendo a la ciencia y a la técnica en contexto.

Vale decir: ciencia y técnica son expresiones acabadas del avance del conocimiento y el desarrollo, pero suelen traer consigo riesgos, inequidades, perjuicios. De allí la necesidad de considerar, por ejemplo, la ética de la tecnología en tanto infraestructura social, como sostiene Lorena Jaume – Palasí, asesora del gobierno alemán en ética e IA.

La evolución de las ciudades y sus ciudadanías, de lo analógico a lo digital, y de allí a lo inteligente o Smart, supone un proceso en el que los gobiernos reformulan su manera de gestionar, al tiempo que la ciudadanía se informa más y mejor acerca de la incidencia de las TICs en su vida cotidiana.

Por otro lado, la incorporación de tecnologías disruptivas en la órbita administrativa, tanto como para la prestación de servicios públicos, genera una inevitable tendencia a la transparencia, dado que, después de todo, lo que ocurre en el plano digital genera rastros.

Así, comunicar la implementación de tecnologías para una ciudadanía digital debe estar a tono con las cualidades tecnológicas enumeradas más arriba. Cualquier gestión va a tener que considerar que sus actos se vuelven mucho más visibles a partir de que decide volverse digital, electrónica, abierta. En ese sentido, ocultar información, o intentar maquillar la realidad, es cada vez más difícil.

Luego, y dada la relevancia mundial que cobró el problema de la privacidad y el uso de datos por parte de empresas y gobiernos, se vuelve crítico el modo en que se plantean los términos y condiciones en cualquier herramienta tecnológica. Resulta elemental que el usuario de aplicaciones móviles, plataformas digitales y toda clase de software público o privado, comprenda claramente qué es lo que acepta al utilizar algo de todo lo anterior.

De la misma forma, para respaldar lo que se sostiene en los términos y condiciones de

cualquier programa de computación que recopila datos personales, una buena práctica consiste en publicar el código fuente de este, tanto como el protocolo de seguridad que se siguió al desarrollarlo. Con ello, se invita a los usuarios -y a los expertos- a observar la coherencia entre lo que se informa y lo que efectivamente ocurre.

Así se hizo, por ejemplo, en materia de aplicaciones de rastreo de contactos en toda Europa. Luego de idas y venidas, debates entre científicos de Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia, la mayoría de los países optaron por trabajar con protocolos de descentralización de la información que las apps usan. En Github están publicados todos los papers que dieron origen al sistema DP-3T (Descentralized Privacy Preserved Proximity Tracing). También es posible verificar que la primera opción había sido un protocolo centralizado en el que la información se almacenaba en servidores nacionales, llamado ROBERT.

Profundizando, en Entre barbijos. Reflexiones acerca de la libertad en la pandemia, el capítulo La vigilancia masiva desmenuza las decisiones respecto del uso de IA y Big Data para mitigar los daños del COVID-19 en diversas partes del mundo. Uno de los aspectos clave considerados en dicho apartado es el modo en que los gobiernos comunicaron sus decisiones tecnológicas.

Tecnologías disruptivas y transversales

Lo cierto es que, sobre todo en países emergentes como Argentina, muchas veces comunicar decisiones vinculadas con tecnologías disruptivas resulta difícil, dado lo complejo del asunto. La informática, la programación, el análisis de datos, la IA, la cibernética, la robótica, la computación en la nube, o cuántica, etcétera, no resultan fácilmente digeribles por el público masivo.

Por eso, generalmente las empresas que desarrollan soluciones digitales de gran impacto eligen embajadores de sus marcas. Se trata de periodistas especializados, comunicadores, personalidades de relevancia pública, capaces de comprender los productos y servicios que se ofrecen, y traducir el discurso técnico para que sus características sean comprensibles por quienes no se han asomado a estos temas.

Esta modalidad es buena, pero sería deseable, asimismo, que hubiera más espacio en la agenda pública para temáticas propias de las nuevas tecnologías citadas en este ensayo. De lo contrario, muchas veces los comunicadores no tienen por dónde canalizar los contenidos que ilustran estos desarrollos. Sin agenda, no hay cómo acercar los temas, y los hechos, al público.

De hecho, todavía hoy los medios tradicionales sostienen su vieja división de géneros periodísticos y temáticas, sin comprender que, hoy día, las TICs atraviesan horizontalmente todas las prácticas de la sociedad. Por eso, sólo destinan espacio para estos temas en secciones como tecnología. No sólo es poco, sino que no sirve comunicarlo así, porque la tecnología aparece impregnada en todo lo que ocurre.

Un buen ejemplo: en 2018 Telefónica firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y así se creó el Portal de Acceso a datos para la Justicia porque recibían -y reciben actualmente- más de 8 mil pedidos de información personal por mes, por parte del fuero penal. La razón es que con la geolocalización de los teléfonos celulares los jueces penales que investigan delitos comienzan y, casi siempre, terminan su investigación, logrando ubicar al imputado.

Comprender este hecho e informarlo convenientemente significa redefinir la sección policiales, el más tradicional de los géneros periodísticos. Las autoridades, los medios, y el público deben saber que ahora las pesquisas son digitales, tienen que ver con las señales, las antenas,

los dispositivos inteligentes y las pantallas.

No tiene sentido informar sobre el Portal de acceso en una sección aparte, porque incluso vale analizar el rol y la responsabilidad de una compañía de telecomunicación a la hora de dar o no permiso de acceso a dichos datos de geolocalización, vinculados con el IMEI del teléfono móvil de quien es perseguido. Hoy por hoy, los jueces poseen un usuario con el que ingresan al portal, solicitan a la plataforma datos de la persona que pretenden rastrear, y el sistema les devuelve la información requerida, sin intervención humana.

Comunicar el impacto de las tecnologías exponenciales implica poner el acento en lo valioso del conocimiento, del continuo aprendizaje y la capacidad de adaptación a los cambios. La flexibilidad de las estructuras organizacionales, el trabajo remoto y la reproducción de casi todo lo que hacemos en la esfera virtual, son las claves de este siglo.

Asimismo, las ciudades inteligentes y la ciudadanía digital simplifican procesos burocráticos, cruzan datos en favor de la ventanilla única, y acortan plazos. Pero esto se logra con muchísimo esfuerzo humano que los ciudadanos deben conocer, para poder aceptar el reto. Mientras las TICs automatizan tareas, las personas ponen lo mejor de sí en la interpretación de cada problema, trabajando interdisciplinariamente, con creatividad y empatía.

En esas tareas, se sirven de agentes conversacionales que analizan y procesan el lenguaje natural, almacenan enormes volúmenes de datos en nubes cuya soberanía entra en disputa, y contratan servicios informáticos privados que aportan arquitectura para administrar cargas de trabajo crecientes, sin que los sistemas colapsen.

Así se simplifican todas las gestiones burocráticas a la ciudadanía, evitando trámites presenciales. Con justicias digitales, resolución de disputas en línea, gobierno electrónico, identidad digital, y todos los recursos disponibles, bien difundidos, sostenibles y soportados con argumentos sólidos, es posible apostar a las Smart Cities y sus ciudadanías digitales.

Pero eso se consigue si los ciudadanos acceden a educación digital y de calidad, reduciendo a cero la brecha de acceso a internet y las TICs, y diseñando interfaces amigables e intuitivas, que permitan que sin importar la edad o el género o el rincón del país donde se resida, les sea simple y efectivo su uso.

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