Justicia, Política y Reforma ¿Modernización o Hegemonía?

Justicia, Política y Reforma ¿Modernización o Hegemonía?

La administración iniciada el 10 de diciembre de 2019 en la Argentina asumió con un mensaje contundente: la necesidad de reformar la justicia federal criminal y correccional de la Capital Federal (denominada “Comodoro Py” en alusión al edificio en que funciona). Los jueces de este fuero intervienen en casos de alta sensibilidad política porque tienen a cargo la investigación de delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos. Desde hace más de dos décadas varios de sus magistrados (actuales o no) han sido cuestionados por la reticencia o negativa a investigar a integrantes del poder político, haciéndolo después que estos cesaron en sus cargos y perdiendo el ímpetu cuando regresaron. Tal vez semejantes tensiones y relajaciones puedan explicarse con las recordadas palabras del ex primer ministro italiano Giulio Andreotti: “el poder desgasta, sí, sobre todo a quien no lo tiene”.

También la asunción del actual gobierno fue caracterizada por las afirmaciones de algunos de sus principales miembros acerca de la existencia de “lawfare”, alegada conspiración de magistrados y medios de comunicación “hegemónicos” (o “grupos concentrados”) para perseguir a líderes políticos imbuidos del deseo de hacer el bien a las personas más desprotegidas de la sociedad. El argumento parece servir para la auto-victimización y descalificación de cualquier investigación judicial que afecte a un político cualquiera sea el peso de las evidencias, pero se desmorona ante la realidad de que líderes del sector ideológico supuestamente afectado -como Michelle Bachelet y José Mujica- no son víctimas de tales persecuciones.

Inicialmente, fue reformado el régimen jubilatorio especial para magistrados y funcionarios judiciales nacionales -mal llamado “de privilegio” ya que sus beneficiarios realizan aportes regulares y significativos-, lo cual provocó el retiro de 62 magistrados. Fue este un daño inmediato para el funcionamiento de la justicia, ya que será muy lento y dilatado su reemplazo: el procedimiento constitucional comprende los concursos en el Consejo de la Magistratura, la remisión de la terna de candidatos a cada cargo al Poder Ejecutivo, la selección de uno de los integrantes por este y el envío del pliego al Senado para que otorgue el acuerdo. Dicho procedimiento dura habitualmente no menos de dos años, que pueden extenderse por varios más.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo remitió al Senado -donde el oficialismo tiene mayoría- un proyecto de ley para la reforma del fuero federal en lo criminal y correccional. Este obtuvo la media sanción y establece para la Capital Federal el aumento del número de juzgados de 12 a 46: a los 12 existentes se suman los 11 del fuero penal económico y se crean 23 juzgados, 5 tribunales orales, 23 fiscalías y 8 defensorías.

La iniciativa no contribuye a la eficaz instauración de un sistema acusatorio como el que prevé el nuevo Código Procesal Penal, en el cual investigan exclusivamente los fiscales, los jueces de garantías controlan la legalidad de las investigaciones y los tribunales orales juzgan.

En cambio, el proyecto duplica la cantidad de juzgados con relación a las fiscalías cuando lo que se requiere es tener más de estas, y que cada juez de garantías controle respecto de varias.

Además, los 23 nuevos juzgados serían ocupados por jueces subrogantes hasta que fueran designados los titulares, con márgenes para la discrecionalidad en cuanto a lo primero y prolongados tiempos para lo segundo.

Los tribunales orales pasan a ser 17 y resultan insuficientes dada su carga de trabajo y la necesidad de que los juicios tengan continuidad sin interrupciones hasta su finalización, lo que actualmente no sucede. Además, a último momento fue incorporada la creación de cámaras federales de apelaciones en provincias, la cual elevó considerablemente el impacto económico de la reforma.

Si la justificación del proyecto radica en la pretensión de mejorar el fuero federal criminal y correccional debido al desempeño de algunos jueces, lo que corresponde es impulsar los procedimientos para la acusación y destitución de estos, no asegurar su permanencia y “diluirlos” mediante el nombramiento de otros: así, el problema se multiplica en vez de resolverse.

Esto, sin considerar los costos de su implementación cuando más del 40% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y la economía está devastada en gran medida debido a la cuarentena más extensa del mundo. Esta tremenda realidad no parece haber sido la prioridad tenida en mira al impulsar un proyecto tan negativo como inconducente a lograr una justicia federal penal mejor y más transparente.

En forma paralela, el Poder Ejecutivo decidió la integración de un Consejo Consultivo encargado de proponer reformas a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Nación. El Consejo Consultivo está compuesto por 11 expertos de reconocidos antecedentes en la magistratura, la academia o la profesión, sin participación de ex miembros de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, representantes de asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales ni de gremios. La mayoría de los integrantes simpatiza con el oficialismo y 2 representan como abogados en causas

penales a personas que ejercen o ejercieron la función pública. Este dato es muy significativo si se piensa que desde el Consejo podrán proponerse reformas en la organización, el funcionamiento y los recursos procesales ante la Corte Suprema: precisamente, uno de dichos profesionales ha interpuesto en tal carácter recursos que están pendientes de resolución ante la Corte. No parece conveniente que quien con un sombrero litiga ante un tribunal, con otro aconseje sobre cómo debe funcionar.

A ello se añaden las pretensiones del oficialismo de modificar la organización y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que incluyen: los sucesivos intentos de lograr la renuncia o destitución del procurador general interino, la voluntad de reformar la ley orgánica y reducir la mayoría necesaria en el Senado para la aprobación del candidato y la destitución, y que esta Cámara no haya tratado aún el pliego de quien fuera propuesto al efecto por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, ha sido manifestada desde órganos del poder político la voluntad de que cesen en su desempeño determinados jueces trasladados a cargos que ocupan sin acuerdo del Senado. La práctica de los traslados ha sido frecuente durante más de siete décadas: desde 2000 fueron realizados 71, 23 de 2003 a 2015, y 22 entre 2015 y 2019. No hubo pronunciamiento alguno respecto de la inconstitucionalidad de dicha práctica.

El 3 de noviembre la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en un caso que afecta a dos jueces trasladados a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, desde donde intervinieron en una causa en que se investiga a la vicepresidente. La resolución fue precedida de sendos actos del Consejo de la Magistratura y el Senado que aparejaban el regreso de los magistrados a sus tribunales de origen, lo cual estos impugnaron judicialmente.

Anteriormente y con relación a los mismos jueces, en la acordada 7/2018 la Corte se había manifestado en respuesta a una consulta del entonces ministro de justicia y derechos humanos, declarando que no resultaba necesario el acuerdo del Senado para los traslados.

En la sentencia de noviembre, el tribunal concluyó que los traslados son temporarios y los jueces tienen inamovilidad para permanecer en los cargos hasta que sean designados sus reemplazantes de acuerdo con el procedimiento constitucional. Consideró también que dicho criterio es aplicable a todos los jueces en la misma situación.

La consecuencia práctica de la decisión es que todos los jueces trasladados -se trate o no de los recurrentes- son temporarios y serán reemplazados por quienes resulten nombrados. Deberá el Consejo de la Magistratura convocar a los concursos para tales efectos. Pero también da lugar a que desde el poder político se pueda analizar respecto de cuáles cargos resulta prioritario convocar o no a los concursos, considerando el contenido de las sentencias y las opiniones de tales jueces. Y esto representa un gran peligro para la independencia judicial de quienes siguen en funciones como consecuencia de traslados.

Además, genera incertidumbre respecto de la situación de los jueces trasladados cuyos anteriores cargos hubieran sido ocupados por otros magistrados, haya ocurrido esto con o sin concurso: 1) ¿a qué cargos regresarían si hubiera sucedido lo primero?; 2) ¿qué sería de los trasladados a tales cargos si les pasara lo mismo, es decir, sus anteriores cargos hubieran sido ocupados por otros magistrados, con o sin concurso? Y así sucesivamente.

En síntesis: es tan notorio como preocupante el avance del poder político sobre el judicial mediante proyectos de ley, acciones, palabras y hasta gestos. Precisamente, antes de dictarse la sentencia fueron sonadas y graves las declaraciones de funcionarios del oficialismo mediante las cuales se puso en duda la estabilidad de jueces de la Corte Suprema.

En tanto, gran parte de la sociedad reclama límites a todo lo anterior y se manifiesta en defensa del equilibrio entre los poderes, contra la impunidad y por la independencia judicial. Porque sin justicia independiente no hay república democrática.

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