Denunciamos a la nueva titular de la AAIP por suspender el derecho de acceso a la información pública

  • 21/03/2022

En la mañana de hoy, el Equipo Legal de la FUNDACIÓN APOLO denunció a la flamante titular de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Beatríz DE ANCHORENA, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas MAGIONCALDA, Juan Martín Fazio y Juan Pablo PANE, se imputa a la denunciada la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal, en razón de que DE ANCHORENA dictó la RESOL-2022-1-APN-AAIP por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022.

Los denunciantes cuestionan que la flamante funcionaria haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa, lo cual, a criterio de los abogados de la FUNDACIÓN APOLO constituye “un verdadero disparate”.

En el escrito de la denuncia, además, se sostiene que: “El art. 1° de la ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: “la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”. ¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”

La FUNDACIÓN APOLO, a través del Responsable de su Equipo Legal, José MAGIONCALDA, ya había cuestionado a DE ANCHORENA en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.

La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del Dr. Sebastián Roberto Casanello.