Pedimos ser querellantes en el #OlivosGate

  • 17/05/2022

Esta mañana, Fundación Apolo se presentó como querellante en la causa del “Olivosgate”, solicitando que el Juez Mirabelli rechace la pretensión presidencial de Alberto Fernández, de obtener una probation (suspensión del juicio a prueba) a cambio de un aporte económico. La presentación está firmada por el Presidente de Fundación Apolo, Antonio Fratamico y por Yamil Santoro, apoderado de la mencionada ONG, ambos con el patrocinio del Dr. Juan Pablo Pane. Asimismo, la FUNDACIÓN solicitó al magistrado que, en caso de no tenerla por querellante, la incorpore a la causa como amigo del tribunal (“Amicus Curiae”) y rechace la pretensión presidencial de suspender el juicio, sobre la base de los fundamentos aportados en el escrito. Según la FUNDACIÓN APOLO “El propio Poder Ejecutivo, aunque en otro período presidencial, dictó el Decreto 41/99 que establece el Código de Ética de la Función Pública, en el que figura el principio de prudencia: “El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.” (art. 9° del Código de Ética de la Función Pública). Vulnera este principio que el Presidente desee frenar con dinero un juicio de las características del presente, donde se pretende investigar la conducta de un funcionario que es el primer magistrado de la Nación, y a quien se acusa de haber vulnerado normas de emergencia por él mismo dictadas, supuestamente para evitar la propagación de una epidemia. Más áun, el art. 13 del Código de Ética de la Función Pública, consagra el principio de “RESPONSABILIDAD”: “El funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código. " O sea, no es lo mismo cualquier funcionario, que un ciudadano común, y mucho menos es equiparable la situación de un ciudadano común a la de un Presidente de la Nación.

        En suma, el fin de la ética pública es evitar que las inconductas de los funcionarios generen descrédito en la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas y democráticas. Si dicho descrédito se produce, la reparación debe ser una condena pública precedida de un debate público. Lo contrario a esto, es el oscuro acuerdo de dinero que se ha solicitado a V.S., para suspender el juicio. Porque el delito en cuestión no solo es susceptible de provocar el daño que ocasiona cualquier ciudadano que lo comete, sino que importa -cuando quien lo comete es funcionario- una lesión a la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad de su país. En efecto, tal como lo sostiene la Convención Interamericana contra la Corrupción, “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”