Leyes que crean capacitaciones obligatorias para empleados públicos

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La obligación de capacitación de los empleados públicos parece ser un latiguillo recurrente en los últimos años. Existe una nutrida cantidad de proyectos, e, incluso, algunas leyes ya sancionadas, que promueven la capacitación obligatoria de los empleados públicos en diferentes temas de interés público. Así, por ejemplo, hay capacitaciones en violencia de género, en medio ambiente, y muchas otras iniciativas para agregarse a esta tendencia.

Me referiré ahora a un proyecto de ley que tomó estado parlamentario durante el año 2020, que propone una capacitación obligatoria en materia de discapacidad. Es una iniciativa legislativa presentada con la firma del diputado Gustavo René Hein. Seguramente, este parlamentario y su equipo de asesores tienen el más noble de los propósitos, pero aquí trataré de demostrar, de manera sucinta, por qué sería un grave error que llegue a aprobarse.

El proyecto prevé que todos los empleados públicos se capaciten en tres aspectos diferentes, aunque relacionados: discapacidad, accesibilidad e inclusión. La organización de estas capacitaciones quedaría bajo la responsabilidad de cada organismo, que se encargaría así de sus propios empleados. La negativa a someterse a esas instrucciones puede dar lugar a graves sanciones administrativas para el agente que tuviera alguna objeción. Curiosamente, este proyecto de ley atribuye responsabilidad a las organizaciones sindicales, como si estuvieran bajo las órdenes del Estado.

En este intento de formación compulsiva, se designa a la Agencia Nacional de Discapacidad como el organismo de aplicación de esta norma. En consecuencia, acarrea a ese organismo la responsabilidad de instruir a las máximas autoridades de cada uno de los poderes del Estado. También, debe evaluar a todas las capacitaciones que se realicen. Así, esta dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, tendría a su cargo el control de la calidad de los materiales. Y, de convertirse en ley este proyecto, tendría la facultad de vigilancia de cada oficina de los tres poderes del Estado, para comprobar si los empleados siguen al pie de la letra sus indicaciones. ¿Qué clase de calificación académica tiene la Agencia Nacional de Discapacidad para certificar la calidad de las capacitaciones? Ninguna.

El propósito expuesto en los fundamentos del proyecto puede resultar noble, ya que apela a la sensibilización del agente público para promover el “goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad”. Es una buena intención, pero equivoca, tan gravemente, la vía para lograrlo, que se distorsiona la motivación. La enseñanza de consignas constituye casi un adoctrinamiento pueril, lo cual transformará a estas iniciativas en una mera obligación burocrática. Al investir a burócratas para que den clase, se le falta el respeto a la dignidad de la profesión docente. El proyecto delega en la Agencia Nacional de Discapacidad muchas decisiones, como si se tratara de un organismo competente, confiable y ecuánime. Lamentablemente, se trata de una oficina pública absolutamente politizada, con algunos empleados idóneos, pero con muchos otros que han llegado allí como producto de prebendas y clientelismo.

Sería ideal que todos los agentes públicos fueran expertos en diversas materias, probablemente ello mejoraría la tarea que realizan. Pero, primero que nada, deberían conocer bien la tarea para la cual fueron designados. Esta clase de capacitaciones obligatorias incrementa la sensación de politización de esos cargos, ya que obliga a los funcionarios a repetir un credo. Una iniciativa así no es positiva para la profesionalización de la planta de empleados estatales, ni tampoco aporta nada bueno a los derechos de las personas con discapacidad. Este campo ya está saturado de lugares comunes y latiguillos repetidos por los funcionarios de turno, que creen que de esa manera pueden justificar sus sueldos y sus privilegios.